El Consejo de Gobierno Originario del CONAMAQ, reunido en la ciudad de Oruro los días 3 y 4 de septiembre de 2012, con la participación de autoridades originarias Chacha Warmi y ex autoridades representantes de los 16 Suyus, en ocasión del 1er. Encuentro sobre Tierra Territorio y Medio Ambiente y después de haber realizado un análisis sobre la coyuntura nacional, la situación de los territorios, las amenazas frente al desarrollo del proceso autonómico, la aplicación de la justicia indígena originaria, el incremento de la actividad minera en nuestros territorios, determinan.
CONSIDERANDO:
Que las naciones y pueblos indígenas originarios somos actores constitutivos del proceso que vive el país, en el camino de construir una sociedad con plena justicia, descolonizada y armoniosa, bajo el principio del Suma Qamaña, SumajKawsay o Buen Vivir.
Que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene entre sus fines garantizar el bienestar, desarrollo, seguridad, protección, igual y dignidad de las nacionespueblos indígenas originarios y sus comunidades, sustentados en la unidad, igualdad, inclusión,dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad y armonía.
Que, se reconoce la integralidad de los territorios indígenas originarios, el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, a aplicar sus normas propias, a ser administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza.
Que el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ, tiene como principio fundamental la reconstitución de los territorios ancestrales, el cuidado y la protección del medio ambiente, la biodiversidad, las áreas protegidas, la Pachamama, el ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política del Estado y los instrumentos jurídicos de derecho internacional.
Que a la fecha el gobierno nacional a través de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, se encuentranen proceso de elaboración de la nueva normativa referida a Minería, Agua, Consulta y la Madre Tierra, de manera unilateral y sin la participación de las naciones y pueblos originarios de las tierras altas del país representados por el Consejo Nacional de Ayllus del Qullasuyu CONAMAQ.
Que esta situación ratifica la consolidación del Estado nación colonial, que define su desarrollo en el modelo extractivo, en desmedro del Estado Plurinacional y de los territorios de las naciones y pueblos indígenas originarios, los cuales han sufrido de forma histórica el saqueo de la Madre Tierra, la desintegración de sus territoriosy el desconocimiento de sus estructuras de gobiernos originario.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, en uso de legitimasatribuciones,
RESUELVE:
PRIMERO.- Exigimos al gobierno la aprobación sin modificaciones de los Anteproyectos de Ley Marco de Consulta Previa Libre e Informada, Ley de la Madre Tierra, Ley de Aguas, propuestas elaboradas por el CONAMAQ y consensuadas con otras organizaciones sociales. Ratificando el rechazo a la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, aprobada por la Cámara de Diputados, por ser contraria a nuestra cosmovisión.
SEGUNDO.- Desconocer de manera enfática el anteproyecto de Ley de Minería, trabajado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, por promover el desarrollo de una minería transnacional, solapada en la utilidad pública, por ser contraria al principio del Buen Vivir, elemento fundamental para el desarrollo sustentable de todas y todos los bolivianos en armonía con la Madre Tierra y por ser atentatoria a los derechos de los pueblos indígenas originarios, reconocidos en la Constitución Política del Estado y las normas internacionales.
Asimismo exigimos la Nacionalización de los yacimientos entregados a las transnacionales y la recuperación de las operaciones mineras bajo contratos de Riesgo Compartido.
TERCERO.- Al ser el acceso al agua un derecho fundamental, manifestamos nuestra preocupación ante la definición del Ministerio de Minería de reconocer y consolidar el derecho al uso de aguas de dominio público, a favor de los titulares de derechos mineros, en desmedro de las comunidades indígenas originarias y de su derecho al acceso al agua y al uso de este componente para el desarrollo de iniciativas agrícolas productivas de las ayllus y markas indígenas originarias y del país en su conjunto.
CUARTO.- Repudiamos la intención del Ministerio de Minería y Metalurgia, de restringir el ejercicio del derecho a la Consulta Previa Libre e Informada, a las comunidades afectadas por el desarrollo de actividad minera en su territorio, y reducirlo a una “Consulta Pública Previa”, que limita el alcance de lo reconocido en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, desnaturalizando la libre determinación, las normas y procedimientos propios y las instituciones representativas de las naciones y pueblos indígenas originarios; mediante un proceso en el que una instancia estatal asume el derecho de decidir sobre la vida y el futuro de una comunidad con la excusa de preservarel “interés nacional”.
QUINTO.- Condenamos la intención del Ministerio de Minería y Metalurgia, de constituirse en la autoridad ambiental competente para el desarrollo de actividades mineras, y la instancia administrativa autorizada para la otorgación de licencias y fichas ambientales, situación que expresa una claraintención de no desarrollar una política nacional de gestión ambiental para las actividades mineras en cada una de sus etapas ni de velar por el cuidado de medio ambiente y la preservación de la vida.
SEXTO.- Exigimos a los Órganos Legislativo y Ejecutivo, trabajar una propuesta conjunta para la modificación a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en lo que concierne al procedimiento para acceder a la consolidación de las autonomías indígenas originarias, ya que a la fecha esta se ve limitada por requisitos que son contrarios a la realidad de nuestros suyus, markas y ayllus. Del mismo modo solicitamos a las instancias del Órgano Ejecutivo, destinar los recursos económicos necesarios para coadyuvar al desarrollo de la estructura gubernativa y la institucionalidad normativa de las autonomías indígenas originarias.
OCTAVO.-Reivindicamos el derecho que tenemos como naciones y pueblos indígenas originarios a participar en el Censo de población y vivienda, sin ningún tipo de discriminación. Y exigimos al Ministerio de Planificación para el Desarrollo, que de manera inmediata, suspenda la impresión de la boleta censal, incluyendo a las naciones y pueblos indígenas originarias de tierra altas, con sus unidades territoriales y como nacionalidades que conforman el Estado Plurinacional.
ES DADO EN URU URU MARKA EN EL CABILDO DEL SUYU JACH’A KARANGAS A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE AÑOS.
